Los
pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social
Hay más de 476 millones de
pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa el
6,2% de la población mundial. Los pueblos indígenas son los poseedores de una
gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento
únicos. Tienen una relación especial con sus tierras y tienen diversos
conceptos de desarrollo basados en sus propias cosmovisiones y prioridades.
Aunque numerosos pueblos
indígenas en todo el mundo son autónomos y algunos han logrado establecer la
autonomía en diversas formas, muchos de ellos todavía se encuentran bajo la
autoridad última de los gobiernos centrales que ejercen el control sobre sus
tierras, territorios y recursos. A pesar de esa realidad, los pueblos indígenas
han demostrado ejemplos extraordinarios de buen gobierno, desde los iroqueses
(pueblos nativos americanos) hasta los parlamentos Sámi en Finlandia, Suecia y
Noruega.
La pandemia de COVID-19 ha
expuesto y exacerbado muchas desigualdades existentes, afectando de manera
desproporcionada a poblaciones de todo el mundo que ya sufrían pobreza,
enfermedad, discriminación, inestabilidad institucional o inseguridad
financiera. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el contraste es aún
más marcado. Está claro que en muchas de nuestras sociedades, el contrato
social necesita una revisión, como mínimo.
Conmemoración
virtual 2021
El Foro
Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas organiza una
conmemoración virtual. En ella, los panelistas comentarán qué se debe
considerar a la hora de rediseñar un nuevo contrato social en donde las
formas de vida y de gobernanza de los pueblos indígenas sean respetadas a
través de un sistema participativo e inclusivo que cuente con el
consentimiento libre previo e informado de estas poblaciones.
Pero,
¿qué es un contrato social?
Un contrato social es un acuerdo
no escrito que las sociedades hacen para cooperar por beneficios sociales y
económicos. En muchos países, donde los pueblos indígenas fueron expulsados de
sus tierras, sus culturas e idiomas denigrados y sus gentes marginadas de las
actividades políticas y económicas, estos nunca fueron incluidos en ningún
contrato social. El contrato social se hizo entre las poblaciones dominantes.
Durante los últimos años y
décadas, varias sociedades han tratado de abordar este problema, incluso a
través de disculpas, esfuerzos por la verdad y la reconciliación, reformas
legislativas, así como reformas constitucionales. Mientras que, a nivel
internacional, estos esfuerzos han incluido la adopción de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la creación
de órganos asesores como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.
A pesar de la existencia de
instrumentos internacionales para responder a estas desigualdades, no todos se
embarcan en el viaje colectivo para garantizar que nadie se quede atrás,
incluidos los pueblos indígenas. Por tanto, es necesaria la construcción y el
rediseño de un nuevo contrato social como expresión de cooperación por el
interés social y el bien común de la humanidad y la naturaleza.
El nuevo contrato social debe
basarse en una auténtica participación y asociación que fomente la igualdad de
oportunidades y respete los derechos, la dignidad y las libertades de todos. Y
ello pasa por el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción
de decisiones, un componente clave para lograr la reconciliación entre
los indígenas y los Estados.
Es por ello que este 9 de agosto, Día Internacional de
los Pueblos Indígenas, debemos reivindicar su inclusión, participación y
aprobación en la constitución de un sistema con beneficios sociales y
económicos para todos.